Tratados de comercio que amenazan la lucha climática

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Charla coloquio sobre Tratados que amenzan la lucha climática y propuestas para una transición ecológica justa frente al poder corporativo.

Nos encontramos ante una encrucijada civilizatoria, una crisis sistémica que nos lleva directos al colapso del clima y los ecosistemas. Como nos advierte el informe del IPCC de 2018, si queremos limitar el aumento de la temperatura global a los 1,5º, el momento de actuar es ahora. Los gobiernos, a pesar de las crecientes protestas climáticas y medioambientales, no actúan con determinación y están muy lejos de cumplir con sus compromisos  adquiridos en el Acuerdo de París. Necesitamos una regulación ambiciosa que permita hacer frente a las causas profundas de la crisis y una reducción de la producción y el consumo que acompañe las, por si solas, insuficientes medidas de eficiencia.

Una regulación necesaria y urgente que las multinacionales y los poderosos no aceptarán tan fácilmente, ya que limitará sus expectativas de negocios. Y por desgracia, disponen de las herramientas para hacerles frente. En concreto, de un sistema de tribunales privados (ISDS) exclusivos para ellas, donde las multinacionales pueden demandar a los gobiernos por legislar por el bien común si consideran que dicha legislación afecta sus expectativas legítimas. Estos injustos sistemas legales vienen contemplados en un gran número de Tratados de Comercio e Inversión internacionales.

Un ejemplo paradigmático en este sentido es el Tratado de la Carta de la Energía. En el marco de este tratado se producen la mayoría de demandas a nivel intracomunitario. De las 50 demandas que tiene España ante tribunales ISDS, hasta 45 se han producido en el marco de este tratado por el recorte a las renovables, siendo el país más demandado invocando este tratado.

Sin embargo, no se puede pasar por alto que la mitad de estos casos implican inversores que mantienen vínculos con los sectores del gas, el carbón, el petróleo y la energía nuclear, no pequeñas y medianas empresas de renovables, que tienen difícil acceso a estos tratados. Además, este tratado ya se está utilizando para frenar las medidas de transición energética y la lucha contra el cambio climático en otros países europeos. Si España empieza a implementar medidas para una transición a la altura de las circunstancias, es previsible que sufra la misma suerte.

Pero las multinacionales no solo gozan de un poder desmedido, también destrozan la vida de comunidades y violan los derechos humanos con total impunidad en aquellos países donde los estados se lo permiten. En 2018, hasta 321 personas fueron asesinadas por defender el medioambiente y los DDHH, número que no deja de aumentar cada año. Estos no son hechos aislados, van a menudo precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos.

Por ello, junto con unas medidas ambiciosas contra el cambio climático y la degradación ambiental y el fin de los privilegios para las multinacionales, es necesaria la creación urgente de una normativa vinculante para acabar con la impunidad corporativa en todo el mundo. Ya está sucediendo: en la ONU, un Tratado vinculante está siendo negociado por los delegados de los gobiernos mundiales, aunque se correo el riesgo de que se termine adoptando un tratado poco ambicioso que no conseguiría el objetivo último de acabar con la impunidad de las multinacionales.

A nivel nacional existen casos de normativa en este sentido que pueden servir de ejemplo para otros países, si bien queda pendiente un análisis riguroso de su aplicación. En España distintos grupos han venido trabajando en propuestas de leyes vinculantes sobre derechos humanos y empresas, pero ninguna a llegado todavía a la mesa de negociación a día de hoy.